ALIENTE, Alianza Energía y Territorio, nace para la conservación de la Biodiversidad. Energy and Territory Alliance, born for the conservation of Biodiversity

Con todo esto, las entidades englobadas en la Alianza Energía y Territorio pedimos a los Gobiernos central y autonómicos la puesta en marcha de una serie de medidas para garantizar la conservación de la biodiversidad durante el desarrollo de la transición energética a las renovables:

  1. Aprobación de un plan de áreas de exclusión vinculante que prohíba la construcción de instalaciones de energía renovable a gran escala. Dentro de las áreas de exclusión se pueden permitir pequeñas instalaciones renovables de menos de 5 MW vinculadas al autoconsumo y a proyectos de energía comunitaria. Esta planificación debe basarse en criterios claros y resultar en una cartografía pormenorizada. Este plan de áreas de exclusión debe someterse a exposición pública, permitiendo la participación ciudadana, en el desarrollo definitivo del mismo. Estas áreas de exclusión deben incluir al menos:

    • a. Espacios declarados Red Natura 2000.

    • b. Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (IBA).

    • c. Ámbitos de aplicación de los planes de conservación y gestión de especies amenazadas catalogadas tanto a nivel estatal como autonómico.

    • d. Zonas de Importancia para los Mamíferos (ZIM).

    • e. Espacios Naturales Protegidos, también aquellos que se encuentren en fase de tramitación.

    • f. Reservas de la Biosfera.

    • g. Paisajes sobresalientes incluidos en alguna figura autonómica o estatal y en concordancia con el Convenio Europeo del Paisaje ratificado por el Estado Español (BOE núm.31, de 5 de febrero de 2008).

    • h. Cimas de montaña o áreas elevadas con interés paisajístico y cultural y con potencial como recurso de desarrollo sostenible, a través de turismo de naturaleza para las comunidades locales.

    • i. Todas las áreas reconocidas como de alta sensibilidad en la zonificación ambiental para la instalación de energía renovable diseñada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).

    • j. Todas las áreas importantes para especies catalogadas sensibles a estas infraestructuras identificadas por parte de los técnicos de biodiversidad del MITECO y de las Comunidades Autónomas.

       

  2. Paralización temporal de la autorización de nuevas industrias eólicas y fotovoltaicas hasta que se diseñe el plan de áreas de exclusión referido en el punto 1. El procedimiento para autorización de nuevas instalaciones de generación renovable a gran escala (más de 5 MW) ha de incluir condiciones respecto a la protección de la salud y seguridad públicas, la biodiversidad, el medioambiente y la ordenación del territorio por la ocupación del suelo, acorde con lo exigido por la Directiva (UE) 2019/944 del mercado interior de la electricidad.

     

  3. Elaboración de los correspondientes Planes eólicos y fotovoltaicos a nivel autonómico con las obligadas restricciones de carácter vinculante y con su preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), realizada por entidades independientes a las empresas promotoras.

     

  4. Se deben autorizar exclusivamente 53 GW de los 129 GW con derecho de acceso para la conexión a REE para cumplir los objetivos de instalación de renovables (eólica y solar fotovoltaica) del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC). Estos GW se sumarían a los 36 GW de renovables ya instalados para totalizar los 89 GW que contempla el PNIEC para el horizonte 2030. Esta capacidad de generación es la que evalúa el Estudio de Impacto Ambiental Estratégico (EsEA) del PNIEC y la que cuenta con la correspondiente declaración ambiental estratégica.

     

  5. Ampliación de la Red Natura 2000 en virtud de la Estrategia de Biodiversidad 2020-2030 de la Unión Europea (UE). La estrategia 2020-2030 exige, entre otras cuestiones, la protección de, al menos, el 30% de la superficie de la UE, especialmente, a través de la ampliación de la Red Natura 2000, completándose y asegurando que todas las aves (Directiva Aves), y otras especies y hábitats (Directiva Hábitats) tengan garantizada su protección frente al deterioro que sufren, ya sea por causas naturales y/o antrópicas. Además, la estrategia establece que cada país miembro debe aportar espacios protegidos con relación a su capital natural, siendo España el país miembro que aporta mayor riqueza biológica en el conjunto de la Unión Europea. Por lo tanto, eso significa que la exigencia es mayor para España. El aumento de la cobertura de la Red Natura 2000 debe centrarse en la carencia en la cobertura de determinados ambientes y ecosistemas que se encuentran claramente infrarrepresentados, como los ambientes esteparios.

     

  6. Aprobación urgente de los planes de conservación y gestión de especies en peligro y vulnerables, según exige la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y que cada Zona de Especial Conservación incluida en Red Natura contenga su correspondiente Plan de Conservación, según recomienda la Directiva 92/43/CEE de Hábitats. Se deben aprobar aquellos que están sin elaborar, deben incluir una consideración explícita de los efectos de las infraestructuras de producción de energía renovable, y su incorporación debe ser inmediata a la zonificación del MITECO como indicadores de máxima sensibilidad ambiental.

     

  7. Catalogación de todas las especies que cumplan con los criterios del RD 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, y de la Resolución de 6 de marzo de 2017 sobre los Criterios Orientadores en cualquiera de las categorías del Catálogo (‘en peligro’ o ‘vulnerable’). En el caso de los catálogos autonómicos, deberán actualizarse los que tengan más de cinco años, en consonancia con el espíritu del Real Decreto 556/2011 para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Urge acelerar estos procesos, especialmente en el caso de las especies más sensibles a estas infraestructuras, de modo que cuenten con un nivel de protección legal y unas estrategias de gestión y conservación coherentes con su grado de amenaza.

     

  8. Mejora de los estudios de campo de los Estudios de Impacto Ambiental, así como de los trabajos de Vigilancia Ambiental posoperacionales acorde con el conocimiento científico más actualizado, y que deben estar sometidos a auditorías independientes y periódicas. Los estudios preoperacionales de fauna deben incluir metodologías específicas en función del proyecto, ámbito y especies potencialmente afectadas, no solo metodologías genéricas que no aportan información suficiente para valorar adecuadamente el impacto. Así mismo, deben realizarse una valoración de alternativas honestas, incluyendo la alternativa 0. También deben acometerse estudios realistas de los impactos acumulados de los proyectos en tramitación y la revisión en este sentido de los que ya han sido aprobados. Los seguimientos posoperacionales deben realizarse con mayor periodicidad y con una mejora de la metodología en la detección de mortalidad. Las medidas compensatorias solo deben realizarse en caso de impactos residuales, nunca en caso de impactos críticos y severos, tal y como establece la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

     

  9. Debe garantizarse la independencia en las fases de la evaluación de impacto ambiental que dependan de los promotores (Estudio de impacto ambiental en la fase preoperacional y Plan de vigilancia ambiental en la posoperacional).

     

  10. Establecimiento de medidas para evitar el fraccionamiento ilegal de proyectos en virtud de lo establecido por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. La fragmentación es una práctica habitual para sortear las evaluaciones ambientales de proyectos de más de 50 MW por parte de la Administración central y para evitar la evaluación del impacto global del proyecto.

     

  11. Aplicación urgente de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental para implementar mecanismos efectivos para la paralización o desmantelamiento de parques eólicos a partir de criterios claros y cuantificables de mortalidad. En este sentido, debe ser de obligado cumplimiento el protocolo de parada de aerogeneradores elaborado por el MITECO y que actualmente solo se refleja en alguna Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los nuevos proyectos.

     

  12. Los datos de mortalidad de aves y mamíferos de las industrias eólicas y fotovoltaicas deben ser públicos y estar a disposición de la ciudadanía en la sede electrónica de las administraciones competentes.

     

  13. Transposición completa de las Directivas Europeas de Energía Limpia, conocidas como “Paquete de Invierno”. Estas Directivas obligan al desarrollo de un modelo energético que prime el ahorro y eficiencia energéticos y el autoconsumo de renovables en un modelo distribuido, y que regule la capacidad máxima de producción, así como al establecimiento de criterios sostenibles de utilización. Además, incluye la obligatoriedad de incluir la integración de las energías renovables en la ordenación y la planificación del territorio.

ITS 13 OBJECTIVES

With all this, the organisations that make up the Energy and Territory Alliance call on the central and regional governments to implement a series of measures to guarantee the conservation of biodiversity during the development of the energy transition to renewables:

Approval of a binding exclusion area plan that prohibits the construction of large-scale renewable energy installations. Within the exclusion areas, small renewable installations of less than 5 MW linked to self-consumption and community energy projects may be allowed. This planning should be based on clear criteria and result in detailed mapping. This plan of exclusion areas should be subject to public exposure, allowing citizen participation in the final development of the plan. These exclusion areas should include at least
a. Areas declared Natura 2000 Network.
b. Important Bird Areas (IBA).
c. Areas of application of the conservation and management plans for endangered species catalogued at both state and autonomous community level.
d. Important Mammal Areas (IMZ).
e. Protected Natural Spaces, including those in the process of being processed.
f. Biosphere Reserves.
g. Outstanding landscapes included in a regional or state figure and in accordance with the European Landscape Convention ratified by the Spanish State (BOE no. 31, of 5 February 2008).
h. Mountain peaks or elevated areas with scenic and cultural interest and with potential as a resource for sustainable development, through nature tourism for local communities.
i. All areas recognised as highly sensitive in the environmental zoning for the installation of renewable energy designed by the Ministry for Ecological Transition and Demographic Challenge (MITECO).
j. All important areas for catalogued species sensitive to these infrastructures identified by the biodiversity technicians of the MITECO and the Autonomous Communities.

Temporary halt to the authorisation of new wind and photovoltaic industries until the plan for exclusion areas referred to in point 1 is designed. The authorisation procedure for new large-scale renewable generation facilities (more than 5 MW) must include conditions regarding the protection of public health and safety, biodiversity, the environment and land use planning, in accordance with the requirements of Directive (EU) 2019/944 on the internal electricity market.

Drawing up the corresponding wind and photovoltaic plans at regional level with the obligatory binding restrictions and with their mandatory Strategic Environmental Assessment (SEA), carried out by entities independent of the developers.

Only 53 GW of the 129 GW with access rights for connection to REE must be authorised in order to meet the renewable installation targets (wind and solar photovoltaic) of the National Energy and Climate Plan (PNIEC). These GW would be added to the 36 GW of renewables already installed to total the 89 GW contemplated by the PNIEC for the 2030 horizon. This generation capacity is the one evaluated in the Strategic Environmental Impact Assessment (SEA) of the PNIEC and the one that has the corresponding strategic environmental declaration.

Extension of the Natura 2000 Network under the European Union (EU) Biodiversity Strategy 2020-2030. The 2020-2030 strategy requires, among other issues, the protection of at least 30% of the EU’s surface area, especially through the extension of the Natura 2000 Network, completing and ensuring that all birds (Birds Directive) and other species and habitats (Habitats Directive) are guaranteed protection against deterioration, whether due to natural and/or anthropic causes. Furthermore, the strategy establishes that each member country must provide protected areas in relation to its natural capital, with Spain being the member country that provides the greatest biological wealth in the European Union as a whole. This means, therefore, that the demand is greater for Spain. Increasing the coverage of the Natura 2000 Network should focus on the lack of coverage of certain environments and ecosystems that are clearly under-represented, such as steppe environments.

Urgent approval of the conservation and management plans for endangered and vulnerable species, as required by Law 42/2007 on Natural Heritage and Biodiversity, and that each Special Area of Conservation included in the Natura Network contains its corresponding Conservation Plan, as recommended by the Habitats Directive 92/43/EEC. Those that have not yet been drawn up should be approved, should include explicit consideration of the effects of renewable energy production infrastructures, and should be immediately incorporated into the zoning of the MITECO as indicators of maximum environmental sensitivity.

Cataloguing of all species that meet the criteria of RD 139/2011 of 4 February, for the development of the List of Wildlife Species under Special Protection Regime and the Spanish Catalogue of Threatened Species, and of the Resolution of 6 March 2017 on the Guiding Criteria in any of the categories of the Catalogue (‘endangered’ or ‘vulnerable’). In the case of the regional catalogues, those that are more than five years old should be updated, in line with the spirit of Royal Decree 556/2011 for the development of the Spanish Inventory of Natural Heritage and Biodiversity. It is urgent to speed up these processes, especially in the case of the species most sensitive to these infrastructures, so that they have a level of legal protection and management and conservation strategies consistent with their degree of threat.

Improvement of the field studies of the Environmental Impact Studies, as well as of the post-operational Environmental Monitoring works in accordance with the most up-to-date scientific knowledge, and which must be subject to independent and periodic audits. Pre-operational fauna studies should include specific methodologies depending on the project, area and species potentially affected, not only generic methodologies that do not provide sufficient information to adequately assess the impact. Likewise, an assessment of honest alternatives should be carried out, including alternative 0. Realistic studies of the cumulative impacts of projects in the pipeline should also be undertaken, as well as a review of those that have already been approved. Post-operational monitoring should be carried out more frequently and the methodology for detecting mortality should be improved. Compensatory measures should only be carried out in the case of residual impacts, never in the case of critical and severe impacts, as established in Law 21/2013, of 9 December, on Environmental Assessment.

Independence must be guaranteed in the phases of the environmental impact assessment that depend on the promoters (Environmental Impact Study in the pre-operational phase and Environmental Monitoring Plan in the post-operational phase).

Establishment of measures to prevent the illegal fragmentation of projects in accordance with the provisions of Law 24/2013, of 26 December, on the Electricity Sector. Fragmentation is a common practice to circumvent environmental assessments of projects of more than 50 MW by the central administration and to avoid the assessment of the overall impact of the project.

Urgent application of Law 26/2007, of 23 October, on Environmental Responsibility to implement effective mechanisms for the suspension or dismantling of wind farms based on clear and quantifiable mortality criteria. In this regard, compliance with the wind turbine shutdown protocol drawn up by MITECO, which is currently only reflected in some Environmental Impact Statements (EIS) for new projects, should be mandatory.

Data on bird and mammal mortality in the wind and photovoltaic industries should be made public and available to the public at the electronic headquarters of the competent administrations.

Full transposition of the European Clean Energy Directives, known as the «Winter Package». These Directives require the development of an energy model that prioritises energy savings and efficiency and the self-consumption of renewables in a distributed model, and that regulates the maximum production capacity, as well as the establishment of sustainable criteria for use. It also includes the obligation to include the integration of renewable energies in land use and planning.

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