EL ABUSO DEL PODER ES ILIMITADO. En Canarias también.

Agustín Santana, 20.11.2023

Desde nuestras páginas insistimos constantemente que la clase política española está aliada con el buen sueldo y la buena vida y olvida totalmente a las personas y familias más débiles.

El ejemplo de esta familia es verdaderamente sonrojante para todas las personas de bien. Republicamos el artículo de Canarias 7 y esperamos que el Ayuntamiento haga su trabajo defendiendo y ayudando al pueblo que le paga.

Rebeca Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 18 de noviembre 2023 | Actualizado 19/11/2023 01:00h.

«Esto empezó hace 30 años», señala Bernardo Rodríguez al recordar que fue «en la época de José Manuel Soria como alcalde» cuando el Ayuntamiento llamó por primera vez a la puerta de la casa en la que residía con su mujer, Mercedes Peña, y sus hijas en la calle Nilo de San Nicolás, para informarles de que su casa «iba a estar afectada» por la actuación del anillo viario prevista en esta parte alta del risco capitalino.

Recuerda que el proyecto, que pretendía mejorar la accesibilidad de la zona, ya había comenzado «por la calle Plataforma de San Nicolás». Pero parte de su casa impedía la necesaria conexión con la calle Nilo para su culminación, pues en ese tramo la vía no tenía el ancho suficiente para permitir el paso de vehículos.

De esta manera empezó para esta familia un proceso que aún no se ha culminado y que reconocen les ha pasado factura.

Así, explican que en un primer momento la opción que se les planteó fue «cortar la parte de la casa» que impedía completar esa circunvalación y construirles «aquello que nos quitaban» en un solar anexo a su residencia.

Pero pronto se descartó esa idea porque, como casi la totalidad de las casas que pueblan el barrio, la suya «era una vivienda de autoconstrucción» que se levantó «a partir de una cueva».

Tras comprobar que «no era viable» esta intervención, «se descartó esa posibilidad y se vio que la otra opción, porque así lo establecía el PIOT de aquel momento, era la reubicación en el mismo vial para no provocar un desarraigo de la familia», ya que como expone el matrimonio, ambos son «nacidos y criados» en San Nicolás.

Así las cosas, y tras negociar con el Ayuntamiento, «hace siete años firmamos el convenio» por el que se les expropiaba su casa y vivirían de alquiler mientras se les construiría «una nueva vivienda a nivel de calle» en un solar de propiedad municipal también en la calle Nilo, como compensación.

«El convenio establecía que, una vez comenzara la obra, nos la entregaría en 10 meses o un año», recuerdan. Sin embargo esos plazos nunca se cumplieron.

Comentan que si bien la obra se empezó en 2019, los trabajos se pararon «porque encontraron una cueva». Posteriormente, añaden, se retomaron pero «se interrumpieron por la pandemia» y tan solo dejaron una casa «casi cimentada».

Sin embargo, tras la pandemia no se retomó el proyecto. Señalan que, «por terceros», les ha llegado la información de que los constructores plantearon al Ayuntamiento que con el encarecimiento de precios, las cantidades iniciales ya no se corresponden con el trabajo a realizar. «De hecho, no tienen constructor», aseguran.

De alquiler

Así que de momento esta familia sigue realojada en un piso de alquiler «que pagamos nosotros y luego tenemos que estar detrás del Ayuntamiento para que nos ingrese el dinero», aclaran al tiempo que denuncian que en el convenio que firmaron con la entidad local, ésta se comprometía a abonar mes a mes ese alquiler «antes del día 5», pero que esta cláusula no se cumple.

Apuntan que al ver que esta situación se prolongaba y no caminaba el proyecto de construcción de la vivienda, se reunieron con el ex jefe del servicio de Urbanismo, José Setién, al que previamente le habían remitido un correo «diciéndole que o nos hiciera la casa o nos dieran una cantidad de dinero que se ajustase para nosotros poder comprar o construir». Pero lejos de darles una solución, «nos faltó al respeto», afirma Bernardo ante la mirada de su esposa, que indica que «hemos tenido una paciencia infinita».

Exigencia

La realidad es que siguen sin poder acceder a la casa en la que les gustaría vivir una jubilación que ven próxima y disfrutar de su familia. Por eso reclaman «que cumplan lo pactado y hagan la casa» o «nos den el dinero».

Confiesan que estos años de espera les ha supuesto «un quebranto emocional y económico» al que de momento no ven salida. «Estamos sin nuestra casa, sin la vivienda nueva y el barrio sigue sin un vial tan necesario para que pasen los vehículos de emergencia, porque aquí hay muchas personas mayores», dicen.

Explican que han tocado todas las puertas que han podido para pedir una respuesta, por eso Bernardo intervino en el Pleno de octubre. Ahora han recibido la confirmación del Diputado del Común de que su queja ha sido admitida a trámite y requerirá información al Ayuntamiento.

El siguiente paso, avanzan, será acudir a los tribunales. Algo que creen «no es justo», pues «no queremos nada que no sea nuestro».