La gravedad de la actual situación política en España justificaría, en cualquier democracia consolidada, la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones.
Escudarse en la legalidad institucional de los cargos públicos mientras salen a la luz prácticas mafiosas orientadas a apartar obstáculos políticos constituye un comportamiento profundamente reprobable para cualquier sociedad democrática.
España ha pasado de la picaresca a la desvergüenza institucionalizada. Lo que comenzó como una degradación paulatina de la vida política ha terminado por normalizarse ante la pasividad de una sociedad civil que aún no ha reaccionado con la contundencia necesaria frente a una situación moralmente insostenible.
Es imprescindible que ocurra algo cuanto antes para acabar con esta deriva y comenzar una nueva etapa política en la que la responsabilidad pública, la ética y la moral prevalezcan sobre los intereses personales y de partido.
