Vivir en el entorno del Campo Internacional de Maspalomas siempre ha sido sinónimo de calidad, tranquilidad y exclusividad. Ahora, en el Campo de Golf de Maspalomas, está previsto un proyecto para construir un hotel de lujo —de un máximo de dos plantas— junto con catorce chalets, una iniciativa que, sin duda, aportaría aún más categoría a una zona ya privilegiada.
Sin embargo, los propietarios de bungalows nos enfrentamos a un problema de fondo que va mucho más allá de este nuevo desarrollo: la llamada Explotación Turística. Las sucesivas leyes aprobadas en Canarias han ido configurando un marco normativo que, en la práctica, obliga a muchos propietarios a ceder su vivienda a una empresa explotadora para integrarla en la llamada “unidad de explotación”.
Esta situación ha generado un litigio actualmente en curso entre los representantes de los propietarios y el Gobierno de Canarias. Los primeros defendemos el fortalecimiento del derecho a la propiedad privada y la libertad de uso de nuestras viviendas; la Administración, por su parte, mantiene una postura que prioriza el modelo empresarial turístico, buscando garantizar a los operadores la disponibilidad de todos los bungalows para su actividad, bajo las condiciones económicas que estos establecen.
El debate ha llegado al Parlamento de Canarias, donde se discute una ley que, desde nuestro punto de vista, no solo afecta al derecho de propiedad, sino también a la revalorización de los inmuebles. Resulta difícil entender cómo puede mantenerse o aumentar el valor de una vivienda en una zona tan exclusiva como Maspalomas si el propietario no puede decidir libremente vivirla, disfrutarla o gestionarla según su criterio, sino que se ve obligado a integrarla en una explotación turística.
El equilibrio entre el interés económico general y los derechos individuales es necesario. Pero ese equilibrio no debería alcanzarse a costa de debilitar la propiedad privada ni de generar inseguridad jurídica en quienes han invertido su patrimonio con la confianza de poder disfrutarlo libremente.
Permanecemos atentos al desarrollo y aprobación de esta Ley, con la esperanza de que su redacción final garantice la protección efectiva del derecho a la propiedad privada y restablezca el equilibrio entre los intereses empresariales y los derechos de los propietarios. Confiamos en que el legislador priorice la seguridad jurídica y la libertad individual por encima de los intereses particulares del sector turístico.
