Un país no puede aspirar a tener instituciones eficaces si convierte la fidelidad al partido en sustituto del talento y la competencia profesional.
Indignación, consternación e incredulidad en la sociedad española ante un segundo accidente ferroviario de dimensiones devastadoras. España vuelve a enfrentarse a una tragedia ferroviaria de enorme magnitud. Al accidente de Adamuz, ocurrido el pasado mes de enero, con 46 víctimas mortales, se suma ahora el de Urda, con 69 fallecidos.
Dos tragedias de semejante gravedad en tan poco tiempo resultan difíciles de asimilar y plantean preguntas que la sociedad española necesita ver respondidas. El dolor de las víctimas y sus familias exige respeto, transparencia y explicaciones.
Los partidos políticos españoles parecen haberse convertido, con demasiada frecuencia, en auténticas agencias de colocación para personas que no encuentran acomodo profesional en la empresa privada. Personas cuya principal credencial no siempre es la preparación, la experiencia o la capacidad de gestión, sino su fidelidad y obediencia a las siglas del partido.
Esta práctica, tolerada y consolidada a lo largo de los años, ha ido deteriorando la calidad de nuestras instituciones y debilitando la confianza de los ciudadanos en quienes tienen la responsabilidad de dirigirlas.
Lo verdaderamente preocupante es que puestos de enorme responsabilidad, que exigen preparación, experiencia, independencia y capacidad de decisión, terminen ocupados por personas que no reúnen las competencias necesarias para desempeñarlos.
Y ante esta realidad, la sociedad civil tampoco ha sabido reaccionar con la firmeza necesaria para ponerle freno.
La política debería ser un servicio público, no un refugio laboral ni un sistema de recompensas por fidelidad partidista. Los puestos de responsabilidad deben asignarse por mérito, capacidad y trayectoria, nunca por lealtad personal o conveniencia política.
Un país no puede aspirar a tener instituciones eficaces si convierte la fidelidad al partido en sustituto del talento y la competencia profesional.
La politización del ferrocarril español: de referente internacional a motivo de preocupación nacional.
Y es precisamente en el sistema ferroviario español donde esta forma de entender la política y la gestión pública merece una reflexión especialmente seria.
La red ferroviaria española llegó a convertirse en un referente internacional, un ejemplo de modernización tecnológica y una de las grandes enseñas de la marca España. Sin embargo, hoy atraviesa una situación que ha generado una profunda preocupación ciudadana.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, impulsó cambios en la dirección de Adif y en su estructura organizativa. Estas decisiones han suscitado críticas y denuncias sobre la sustitución de determinados perfiles técnicos por personas vinculadas al entorno político del partido gobernante.
Si la experiencia profesional, la capacidad técnica y la independencia dejan paso a la afinidad política como criterio para ocupar puestos de responsabilidad, estamos ante un problema institucional de enorme gravedad.
No se puede afirmar, sin las conclusiones de las investigaciones correspondientes, que estos nombramientos hayan provocado los accidentes ferroviarios. Pero sí resulta legítimo exigir que se examine rigurosamente si las decisiones organizativas, la política de mantenimiento, los recursos destinados a la seguridad y la calidad de la dirección han estado a la altura de las exigencias de una infraestructura de esta importancia.
Los accidentes de Adamuz y Urda obligan a ir más allá de las declaraciones políticas y las explicaciones superficiales. Es necesario investigar, depurar las responsabilidades que correspondan y conocer qué ha fallado.
La seguridad de millones de viajeros no puede quedar subordinada a los intereses de ningún partido político. El ferrocarril es patrimonio de todos los españoles y su gestión exige profesionales competentes, independencia, rigor y responsabilidad.
La confianza ciudadana no se recupera con discursos, sino con hechos, transparencia y responsabilidades.
Una reflexión para el 29 de noviembre:
La responsabilidad de exigir responsabilidades. La corrupción, cuando queda acreditada, debe tener consecuencias políticas y judiciales, independientemente del partido al que afecte. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para recuperar la confianza pública.
La alternancia política. En democracia, ningún partido debe considerar que el poder le pertenece ni que su continuidad está por encima de la calidad de la gestión. Los ciudadanos tienen la capacidad de premiar o castigar a sus gobernantes mediante las urnas.
La vigilancia de la sociedad civil. Un cambio de Gobierno no garantiza por sí mismo un cambio en las prácticas políticas. La exigencia de ejemplaridad debe mantenerse también sobre quienes llegan al poder.
Creo que hay una idea especialmente importante que merece destacarse: no basta con cambiar a quienes gobiernan; hay que cambiar también la manera de gobernar.
Eso implica reclamar:
Independencia efectiva de los órganos de control.
Transparencia en la contratación pública.
Limitación de los nombramientos por afinidad partidista.
Responsabilidad política ante los casos de corrupción.
Mayor democracia interna en los partidos.
Evaluación de los resultados de la gestión pública.