Con el auge turístico que experimentó el sur de Gran Canaria durante los años setenta, muchos grancanarios nos animamos a comprar un apartamento o un bungalow.
Hacíamos un gran esfuerzo económico para adquirir aquella propiedad, con la ilusión de disfrutarla los fines de semana y, cuando no la utilizábamos, alquilarla durante algunas temporadas para obtener unos ingresos que nos ayudaran a pagar las mensualidades.
En algunos complejos, la relación entre los propietarios y la empresa turística encargada de su gestión era excelente, como ocurría en los Apartamentos Barbados, situados en la avenida de Tirajana, en Playa del Inglés, y gestionados por Servatur.
En otros casos, el Explotador Único terminó adueñándose, en la práctica, del complejo, al ocupar puestos clave en la Junta Directiva de la Comunidad de Propietarios, como los de secretario y administrador. Esta situación se veía favorecida por la presencia de un presidente que no ejercía una verdadera función de supervisión ni de control, y cuyo papel se limitaba a figurar formalmente en el cargo y a firmar los documentos que le presentaba el secretario, sin cuestionar ni fiscalizar sus actuaciones.
Este fue el caso de los Bungalows Campo Golf, situados en el Campo Internacional de Maspalomas, donde los promotores y vendedores del complejo consiguieron hacerse con el control de la Comunidad de Propietarios desde los años ochenta. Durante aproximadamente cuatro décadas, esta posición de dominio les permitió repercutir a la Comunidad cuantiosos gastos derivados de la actividad de su propia empresa turística, encargada de explotar el complejo, trasladando así a los propietarios costes que correspondían a la gestión empresarial y cuya imputación a la Comunidad merece ser examinada.
Desde hace algunos años, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias viene amparándose en diversas leyes turísticas aprobadas por el Parlamento autonómico para imponer a los propietarios de apartamentos y bungalows la obligación de ceder sus inmuebles en régimen de explotación turística al denominado Explotador Único. Esta exigencia limita severamente el derecho de los propietarios a disponer libremente de sus propiedades y a utilizarlas para su propio disfrute, bajo la amenaza de fuertes sanciones económicas en caso de incumplimiento.
Uno de los argumentos en los que la Administración turística fundamenta esta exigencia es la supuesta incompatibilidad entre el uso turístico y el residencial dentro de un mismo complejo. Sin embargo, la realidad de los Bungalows Campo Golf, en el Campo Internacional de Maspalomas, desmiente ese planteamiento. Durante los últimos años, únicamente 18 de los 90 bungalows del complejo han estado destinados al alquiler turístico a través del Explotador Único, mientras que los 72 restantes han sido utilizados por sus propietarios como primera o segunda residencia.
Muchos de estos propietarios son extranjeros que pasan en sus bungalows aproximadamente seis meses al año. Durante sus estancias, contribuyen de forma significativa a la economía local mediante el alquiler de vehículos, las compras en los supermercados y el consumo frecuente en los restaurantes de la zona. Su presencia genera, por tanto, una importante actividad económica y beneficia directamente al tejido comercial y hostelero de Maspalomas.
Lo más significativo es que, durante todos estos años, la convivencia entre los distintos usuarios del complejo ha sido perfectamente compatible. Nunca han existido problemas de convivencia entre quienes residen habitualmente en sus bungalows, quienes los ocupan durante una parte del año y quienes los destinan al alquiler turístico.
La experiencia de los Bungalows Campo Golf constituye, por tanto, un ejemplo evidente de que el uso residencial y el turístico pueden coexistir en un mismo complejo sin generar conflictos de convivencia. Esta realidad pone en cuestión la utilización de una supuesta incompatibilidad general entre ambos usos como argumento para imponer un modelo de explotación turística que limita la libertad de los propietarios para disfrutar de sus propias viviendas.
Debemos expresar nuestro agradecimiento a la Plataforma de Afectados por la Ley Turística y, muy especialmente, a su presidenta, Maribe Doreste, por su incansable labor en defensa de la propiedad privada y de los derechos de los propietarios. Su compromiso y perseverancia resultan fundamentales para denunciar y combatir situaciones tan flagrantes como la que se está produciendo en el sur de Gran Canaria.
También queremos agradecer y destacar la magnífica labor que realiza la revista digital Maspalomasplus, dirigida por Juan de la Cruz, siguiendo de cerca y con rigor cada paso de este asunto de enorme trascendencia para miles de grancanarios, en el que nos jugamos mucho y cuyo desenlace puede tener importantes consecuencias para nuestra isla.
Los miles de propietarios afectados estamos tomando buena nota de la posición de cada partido político ante esta situación. De cara a las próximas elecciones autonómicas, tendremos muy en cuenta quiénes respaldan las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados y defienden nuestros derechos e intereses. Nuestro apoyo electoral deberá corresponderse con el compromiso real de quienes estén dispuestos a defender nuestras legítimas demandas.
